Por Jose E. Navarro | The Navarro Report | Asuntos de Miami | Investigación
El 14 y 15 de diciembre, los líderes de las economías más grandes del mundo se reunirán en Trump National Doral, el resort de golf que el presidente Trump posee desde 2012, para el evento central del año de Estados Unidos como anfitrión del G20. La Casa Blanca asegura que el resort cobrará “a precio de costo”, sin generar ganancias para el negocio del presidente. Esa afirmación nunca ha sido verificada de forma independiente, ninguna agencia gubernamental ha publicado un solo documento que explique por qué se eligió Doral sobre cualquier otra ciudad estadounidense, y el grupo de vigilancia que solicitó esos registros ahora demanda al Departamento de Estado y al Servicio Secreto para obtenerlos. Sea cual sea el costo de la cumbre para los contribuyentes, la pregunta más interesante es qué es lo que realmente vale — y para quién.
Un premio que no aparece como ganancia
El argumento de “a precio de costo” pasa por alto el verdadero beneficio. Cuando Pittsburgh fue sede del G20 en 2009, la propia contabilidad de la ciudad calculó que recibió aproximadamente 135 millones de dólares en beneficio económico: unos 35 millones en gasto directo de visitantes, y el equivalente a 100 millones de dólares en publicidad gratuita gracias a las miles de notas que los medios internacionales publicaron sobre el evento. El entonces alcalde Luke Ravenstahl lo resumió después con claridad: “realmente no se le puede poner un valor en dólares a la cantidad de mercadeo gratuito que hemos recibido en todo el mundo”. Ese es el premio que gana en realidad un anfitrión del G20, y no requiere ni un solo dólar de ganancia directa en una factura para ser real. La cobertura televisiva global del Salón de Baile Donald J. Trump, delegaciones extranjeras fotografiadas en los campos de golf de Doral, y el cuerpo de prensa internacional enviando despachos con el nombre Trump en cada nota valen, para el calendario de reservaciones a largo plazo y la marca de la propiedad, más de lo que la Casa Blanca tendría que declarar como conflicto de interés.
Precisamente por eso existen las Cláusulas de Emolumentos de la Constitución, y por eso los abogados especializados en ética las mencionan una y otra vez en este caso. La Cláusula de Emolumentos Domésticos busca impedir que un presidente favorezca a un estado sobre otros; la Cláusula de Emolumentos Extranjeros prohíbe lucrar con gobiernos extranjeros sin el consentimiento del Congreso. Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), que ha seguido de cerca la selección del sitio desde el anuncio de Trump en septiembre de 2025, sostiene que incluso una cumbre que no genere ingresos directos igual le otorga al negocio de Trump un beneficio real y cuantificable: exposición que funciona como compensación, aparezca o no en un balance contable.
Las ciudades que tuvieron que competir, y la que no
El Departamento de Estado sí llevó a cabo un proceso de selección real este año — pero no para el evento que más importa. Para las reuniones ministeriales más pequeñas del G20, celebradas entre febrero y octubre, el Registro Federal estableció requisitos detallados de licitación: las ciudades debían presentar un historial de desempeño que demostrara su capacidad para manejar un evento internacional de gran magnitud, cartas de apoyo de funcionarios locales y líderes empresariales, descripciones de sedes específicas, disponibilidad hotelera, cercanía a aeropuertos y recursos de seguridad. Washington D.C., Asheville, Carolina del Norte, y Atlanta pasaron por ese proceso y recibieron reuniones. Para la Cumbre de Líderes de diciembre — el evento con más prestigio, cobertura mediática e impacto económico de todo el año como anfitrión — nada de eso ocurrió. Trump simplemente anunció Doral desde el Despacho Oval, diciéndole a los periodistas que “todo el mundo lo quiere ahí”, sin especificar quién era ese “todo el mundo”.
La solicitud de CREW bajo la Ley de Libertad de Información para obtener los registros de cómo se seleccionó el sitio quedó sin respuesta durante tanto tiempo que el grupo terminó demandando al Departamento de Estado y al Servicio Secreto para forzar su divulgación. Existe un precedente directo que explica por qué ese expediente importa: en 2019, Trump intentó celebrar la cumbre del G7 en esa misma propiedad de Doral y alegó que el Servicio Secreto había identificado el sitio como el preferido. Documentos internos del Servicio Secreto que CREW obtuvo posteriormente mediante una solicitud de información contradijeron esa versión. Trump abandonó el plan del G7 en medio de críticas bipartidistas. Esta vez, con la misma propiedad, la misma estructura de propiedad y una justificación casi idéntica, todavía no existe un rastro documental público que explique la decisión — precisamente el vacío que la demanda actual busca cerrar.
Quién realmente se beneficia
A nivel local, el ganador más claro es el sector de hospitalidad y turismo de Miami, junto con las figuras políticas que impulsaron la candidatura. El alcalde saliente Francis Suárez calificó la sede del G20 como “histórica” y una “oportunidad generacional” que refuerza el “papel de Miami en el escenario internacional”, un lenguaje casi idéntico al que usaron funcionarios de Pittsburgh en 2009 para describir su propia victoria de imagen. Restaurantes, hoteles y comercios cercanos a Doral podrían ver un aumento real, aunque temporal, de ingresos gracias a los equipos de seguridad, el cuerpo de prensa y el personal de las delegaciones que necesitan comer y hospedarse en algún lugar, incluso si la sede oficial de la cumbre asegura no generar ganancias. Nada de eso requiere que el negocio de Trump muestre una ganancia para que el sector privado de Miami, o el legado político de Suárez, salgan beneficiados.
Los perdedores más claros son más difíciles de identificar precisamente porque nadie ha tenido que señalarlos. Cada ciudad que pudo haber competido por la Cumbre de Líderes bajo el mismo tipo de proceso de licitación abierta usado para las reuniones más pequeñas nunca tuvo la oportunidad de presentar su caso. El registro público no contiene ninguna lista corta, ninguna propuesta rechazada, ninguna comparación entre lo que ofreció Miami frente a lo que pudieron haber ofrecido Chicago, Dallas o Seattle. Esa ausencia es precisamente la historia sobre la que se construye la demanda de CREW: no se trata de demostrar que Doral fue una mala elección, sino de demostrar que, por ahora, nadie puede probar que fue una elección justa.
Sea cual sea la factura final que paguen los contribuyentes en diciembre, el premio más duradero ya quedó decidido en el momento en que Trump pronunció la palabra “Doral” en el Despacho Oval. Es un premio que se mide en la misma moneda que describió el alcalde de Pittsburgh hace dieciséis años: mercadeo gratuito a nivel mundial, líderes extranjeros en los terrenos de una propiedad que todavía lleva el nombre del presidente, y una mejora de marca que ninguna factura registrará jamás. Hasta que los tribunales obliguen al Departamento de Estado y al Servicio Secreto a divulgar lo que tienen, el único relato sobre qué tan justo o injusto fue ese resultado seguirá viniendo de la misma Casa Blanca que se beneficia de él.