Cuando el Estado Miente: La Historia de Víctor y Carmen Navas

Hay muertes que ocurren una sola vez. Y hay muertes que el Estado fabrica dos veces: primero en silencio, luego con un comunicado de prensa.
Víctor Hugo Quero Navas tenía 51 años cuando fue detenido el 3 de enero de 2025 en Venezuela, arrestado en el contexto del cambio político que siguió a la caída de Nicolás Maduro. Fue recluido en la cárcel El Rodeo I, a las afueras de Caracas. Murió el 24 de julio de 2025, según el gobierno, de insuficiencia respiratoria aguda. Durante nueve meses, nadie se lo dijo a su madre.
Carmen Teresa Navas pasó más de un año recorriendo cárceles, tribunales y oficinas gubernamentales en Caracas exigiendo pruebas de vida de su hijo. En octubre de 2025, una funcionaria de la Defensoría del Pueblo firmó un acta oficial confirmando que Víctor “se encuentra recluido en El Rodeo I.” Para entonces, llevaba tres meses muerto. El Estado no mintió por omisión. Mintió con documentos. Mintió con un sello oficial.
El 7 de mayo de 2026, el Ministerio para los Servicios Penitenciarios confirmó por fin la muerte de Víctor Hugo. Carmen Navas supo entonces que había enterrado a su hijo sin saberlo. Diez días después, el 17 de mayo, Carmen murió también. Su funeral en Caracas se convirtió en una protesta. Los asistentes cargaron carteles y corearon: “¡No murieron, los mataron!”
No fue una metáfora. Fue un diagnóstico.
Desde 2014, Venezuela ha registrado 27 presos políticos muertos bajo custodia estatal. Con la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, organizaciones como JEP Venezuela señalan que estos decesos no son hechos aislados, sino una modalidad de ejecución que se oculta detrás de la desidia burocrática y la opacidad institucional. Ninguno de esos 27 casos ha recibido, según las mismas organizaciones, justicia verdadera.
Esta semana, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 300 detenidos antes del fin de semana como parte de la ley de amnistía aprobada en febrero. El anuncio fue presentado como un gesto de buena voluntad. “Aprecien el gesto”, dijo Rodríguez. Organizaciones independientes, sin embargo, sostienen que gran parte de los casos corresponden a personas que ya estaban bajo libertad condicional y que la ONG Foro Penal calcula que más de 400 personas siguen encarceladas por razones políticas.
Un gobierno que libera presos con rueda de prensa mientras esconde cadáveres a las madres no está practicando la reconciliación. Está administrando la narrativa.
Para la comunidad venezolana en el exterior — en San Diego, en Miami, en Houston, en Madrid — el caso de Víctor y Carmen Navas no es una noticia lejana. Es el espejo de lo que les ocurrió a sus propias familias: la llamada que nunca llegó, el funcionario que no supo nada, el silencio como política de Estado. Cada venezolano que salió del país cargando la incertidumbre sobre un familiar detenido conoce esa espera. Sabe lo que cuesta no saber.
La amnistía parcial no cierra esa deuda. La exhumación del cuerpo de Víctor Hugo, ordenada por la Fiscalía, tampoco la cierra. Lo que Venezuela le debe a Carmen Navas — y a las familias de los otros 26 que murieron en las mismas condiciones — no cabe en un comunicado. Requiere una investigación independiente, responsables individuales nombrados, y una rendición de cuentas que el chavismo nunca ha entregado y que el gobierno de transición de Delcy Rodríguez, hasta ahora, tampoco ha garantizado.
Carmen Navas buscó a su hijo durante quince meses. Lo encontró en una tumba que no sabía que existía. Murió diez días después.
Eso no es una tragedia. Es un crimen de Estado documentado. Y merece ser tratado como tal.