Por Jose Navarro, MBA | Contralor financiero y analista de políticas públicas | San Diego, California
29 de septiembre de 2026
Cada día, unas 60.000 personas cruzan la frontera entre Tijuana y San Diego para ir a trabajar, según datos de la Universidad de San Diego citados por Times of San Diego. Muchas empiezan su jornada en una fila en San Ysidro. Desde 2015, los gobiernos han invertido más de mil millones de dólares en agilizar la frontera, incluidos 741 millones para ampliar San Ysidro. La pregunta es sencilla: ¿qué compró ese dinero para quien hace la fila?
La respuesta pública es sorprendentemente delgada. El estudio más reciente que pude localizar sobre el costo de las demoras es de SANDAG y usa datos de 2016. Calculó que las esperas costaban 3.400 millones de dólares en producción económica y más de 88.000 empleos entre Estados Unidos y México. De esa cifra, 1.960 millones y 48.583 empleos correspondían a la región San Diego–Baja California. El informe midió una espera promedio de casi 80 minutos en los carriles generales hacia el norte en San Ysidro, y proyectó que, sin mejoras, la pérdida llegaría a 5.000 millones y más de 97.000 empleos en 2025.
Ese año ya pasó, y no encontré una actualización pública de esas cifras. Lo que sí hay es una lista larga de obras. Voice of San Diego documentó que la ampliación peatonal abrió 22 carriles nuevos en 2018, pero solo 10 operaban hacia el norte por falta de personal. En noviembre de 2025, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) convirtió un carril general de la calle Segunda, en Tijuana, en carril exclusivo para SENTRI. En enero de 2026, una obra federal de 2,7 millones de dólares cerró carriles de la autopista I-5 para quitar topes y colocar barreras permanentes. Cada proyecto tiene precio y comunicado de prensa. Ninguno que yo haya encontrado tiene una cifra pública de resultado: cuántos minutos se ahorraron, para quién, y a qué costo.
Como contralor, esa omisión me parece la parte más costosa. En finanzas, una inversión se mide por su rendimiento. Cuando una empresa gasta mil millones, su junta exige comparar el antes con el después. En la frontera, la pregunta básica —cuánto tiempo pierde hoy un trabajador en comparación con 2015, y cuánto cuesta ese tiempo— carece de una respuesta pública actual.
Un ejemplo ilustrativo, no un cálculo oficial. Supongamos que cada uno de esos 60.000 trabajadores perdiera una hora diaria en la fila, en toda la frontera. Son 60.000 horas al día. A 15 dólares la hora, serían 900.000 dólares diarios, o unos 225 millones al año en unos 250 días laborales. Los supuestos pueden discutirse, y precisamente por eso las agencias deberían publicar los suyos.
El costo no lo paga solo el trabajador. Según SANDAG, el 85 por ciento de la pérdida de producción y empleos en el condado de San Diego se concentró en el comercio minorista. Cada hora perdida en la fila es una compra que se hace del otro lado, o que no se hace. Es tiempo que un padre o una madre no pasa con su familia. Y es dinero que los comercios de San Ysidro, Chula Vista y Tijuana no recaudan.
Hay cuatro medidas concretas que las agencias pueden adoptar sin esperar una nueva ley.
Primero, publicar un tablero anual de esperas. Debe mostrar tiempos medidos, no estimados, por tipo de carril: general, Ready Lane, SENTRI y peatonal. Voice of San Diego reportó que las estimaciones basadas en la observación de los oficiales eran poco precisas. Los sensores independientes que ya existen pueden ofrecer datos mejores.
Segundo, actualizar el estudio económico. Una decisión de mil millones de dólares no debe apoyarse en datos de 2016. SANDAG, CBP y la Administración de Servicios Generales (GSA) pueden encargar una nueva medición con la misma metodología para comparar años.
Tercero, informar cuántos carriles están construidos y cuántos están dotados de personal. Un carril sin oficiales no acorta ninguna fila. Cada obra nueva debe llevar, junto a su costo, un plan de personal con fecha.
Cuarto, fijar metas antes de gastar más. El proyecto de Otay Mesa Este, estimado en su momento en unos 900 millones de dólares, debe comprometerse a una reducción medible de la espera y explicar cómo se verificará.
Lo que se pide es modesto: llevar la cuenta. Los que cruzan ya pagan el precio en horas, en gasolina y en tiempo lejos de casa. Los gobiernos que invirtieron mil millones de dólares deberían poder decirles, con números actuales, qué recibieron a cambio.
Jose E. Navarro, MBA, es contralor financiero y fundador de The Navarro Report, una publicación bilingüe sobre finanzas públicas y rendición de cuentas del gobierno, con sede en San Diego, California.
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